Para discutir sobre eficiencia del gasto público hay que medirla

MetroNuestra Ley de Presupuestos Públicos establece que el gasto público y los presupuestos públicos que ordenan ese gasto, deben responder a los planes operativos y metas de cada institución, así como al Plan Nacional de Desarrollo. Por esa razón la ley pretende que los presupuestos se rijan, entre otros, por un principio de programación, conforme al cual deberían expresarse con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.

Se supone que una vez concluido el ejercicio o año presupuestario, le corresponde al Ministerio de Hacienda preparar un informe de los resultados físicos alcanzados por los programas ejecutados durante el ejercicio económico respectivo, mientras que le corresponde al Ministerio de Planificación preparar un informe sobre los resultados de la ejecución del presupuesto, el cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo económico-social del país. Tanto el informe de resultados físicos de los programas como el informe sobre el cumplimiento de las acciones estratégicas, deberían incluir los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

 

La ley también señala que el incumplimiento total o parcial, gravemente injustificado, de las metas señaladas en los correspondientes proyectos, programas y presupuestos, genera responsabilidad administrativa. En resumen: Los altos y medios mandos de las instituciones deberían preocuparse por medir los resultados alcanzados durante el año, y si no lo hacen pero alguien más demuestra el incumplimiento de la meta, son responsables ¡Pero claro! Lo anterior presupone que primero se hayan establecido las metas por cumplir.

Durante las últimas semanas el país se ha enfrascado en una discusión acerca de cómo solucionar el problema del déficit fiscal y la pregunta que se plantea es: ¿La solución reside en la aprobación de nuevos impuestos o aumento de los existentes, o en el recorte del gasto público, o en una mezcla de ambos?

Del lado del gasto público, resulta evidente que las instituciones no cuantifican sus metas, por lo que resulta imposible discutir objetivamente si la utilización que hacen de los recursos públicos es o no eficiente.

Si las instituciones no cuantifican sus metas, mucho menos se establecen metas cuantificables para cada uno de los funcionarios que se constituyan en parámetro de evaluación de su desempeño que justifique el reconocimiento de anualidades.

Dicen que lo que no se mide no existe, por lo que por el momento es difícil abordar con objetividad cualquier discusión sobre la eficiencia del gasto público y sobre el cumplimiento de metas públicas. No obstante, las cifras reflejan que la mayor parte de los recursos públicos son consumidos por las remuneraciones de los funcionarios públicos.

En esas condiciones la aprobación de nuevos impuestos o el aumento de los existentes, aún si es eficiente, podría tener beneficios muy limitados o incluso resultar contraproducente si esas medidas no son acompañadas por una reforma del gasto público que tenga el mismo peso y grado de eficiencia, especialmente si resulta previsible que los mayores ingresos tributarios podrían ser destinados a un gasto público ineficiente.

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