Familias británicas pagan $1.2 millones en impuestos durante su vida

Big benUn reciente estudio de la Asociación Británica de Contribuyentes (Taxpayers’ Alliance), refleja que el hogar promedio británico paga $1.2 millones (unos ¢648.000.000 o £734,240) en tributos durante el transcurso de una vida. Lo anterior contando tanto los impuestos directos (renta, patrimonio, herencias), indirectos (IVA y otros), seguridad social e impuestos municipales.

El estudio también refleja que el 20% de los hogares más pobres han visto incrementada su carga tributaria en un 4,1%, mientras que el 20% de los hogares más ricos, más bien han visto caer esa carga en un 2,2%.

Jonathan Isaby, Director de la Asociación Británica de Contribuyentes manifestó que el estudio demuestra cuán pesada es la carga tributaria que soportan las familias, lo cual empuja al alza el costo de la vida. Dijo que por ello cada ente gubernamental o municipal debe redoblar sus esfuerzos por eliminar el gasto público innecesario o ineficiente en todo lo que hacen, de manera que no se desperdicie ni un sólo céntimo de esa pesada carga. Isaby concluye diciendo que la carga fiscal británica es tan pesada, que necesariamente debe bajar, y eso implica recortar el gasto ineficiente.

Ver el estudio completo en:

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/taxpayersalliance/pages/5617/attachments/original/1439451423/Tax_distribution_2015.pdf?1439451423

Bancos suizos en proceso de «confesar sus pecados» al Departamento de Justicia de EEUU

SuizaEl Departamento de Justicia de los EEUU invitó en 2013 a los bancos suizos que considerasen haber cometido potenciales delitos contra el Fisco de ese país, por la no revelación de la existencia de cuentas bancarias en las que se hubiesen depositado dineros no declarados en los EEUU, a iniciar un proceso de regularización de su situación. Esa regularización que ya han alcanzado 29 bancos suizos, supone hacer todo lo contrario a lo que hasta hace poco entendíamos sobre el infranqueable secreto bancario suizo, pues esos bancos deben suministrar información detallada a las autoridades de EEUU de cada cuenta bancaria en la que un contribuyente norteamericano tenga interés directo o indirecto, cooperar brindando aquella información bancaria que sea requerida con motivo de convenios internacionales de intercambio de información tributaria, proceder a cerrar aquellas cuentas de titulares que incumplan con sus deberes de informar al Fisco estadounidense sobre sus actividades, más otras obligaciones adicionales que se imponen a esos bancos.

La lista de los 29 bancos suizos que han regularizado su situación y así se han asegurado de no ser acusados penalmente por las autoridades estadounidenses, puede consultarse en: http://www.justice.gov/tax/swiss-bank-program

Hacienda anuncia novedades contenidas en los Proyectos de Ley de Impuesto sobre la Renta y Ley de IVA

Income taxA continuación transcribimos un resumen de las novedades que según el Ministerio de Hacienda se introducirán en los Proyectos de Ley de Impuesto sobre la Renta y Ley del IVA, publicadas el día 10 de agosto de 2015 en la página web del Ministerio de Hacienda:

PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NOVEDADES

1. Este proyecto propone nueva ley de corte progresivo para lograr una mayor justicia y equidad social para sustituir la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley No. 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas

2. Se establece un nuevo periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año.

3. La declaración y pago debe realizarse dos meses y quince días después de haber finalizado este periodo

4. Los pagos parciales se realizaran en junio, setiembre y diciembre.

5. Quedan sujetas al impuesto las fundaciones y asociaciones, distintas a las solidaristas.

6. Son contribuyentes de este impuesto las empresas públicas, tales como la Refinadora Costarricense de Petróleo, el Instituto Costarricense de Electricidad, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Empresa de Servicios Públicos de Heredia y la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago.

7. Se gravan todas las entidades deportivas, sociedades anónimas deportivas y similares, que obtengan utilidades, sin importar la forma de asociación o de agrupación.

8. La compensación de pérdidas de períodos fiscales anteriores aplica para todas las empresas

9. No se consideran gastos deducibles los correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades residentes en países o territorios calificados como paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes.

10. Las personas físicas con actividad lucrativa pueden deducir las remuneraciones sometidas al régimen de cotización de la CCSS por los aportes al seguro de enfermedad y maternidad.

11. Se limita la deducción de intereses con el fin de evitar que se le provoque un perjuicio a la Administración Tributaria por el abuso en la figura del endeudamiento, fenómeno conocido como subcapitalización.

12. Se gravará la cesantía sobre el exceso del tope máximo de los 8 años y se grava con una tarifa del 25%.

EXONERACIONES

1. Están exentas de renta de capital las transmisiones a título gratuito, tales como las herencias, legados, donaciones, transmisiones de vivienda del contribuyente y dividendos.

2. Se exonera del pago de este impuesto a los intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como por los arrendamientos de bienes de capital pagados o acreditados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica a entidades o personas físicas del exterior, que procedan de créditos otorgados por bancos multilaterales de desarrollo y organismos multilaterales o bilaterales de desarrollo, agencias de desarrollo gubernamentales de países cooperantes con el Gobierno de Costa Rica.

3. Se exoneran las organizaciones sin fines de lucro domiciliadas en el exterior que estén exoneradas del impuesto o no sean sujetas al impuesto según la legislación vigente de la jurisdicción en la que estén domiciliadas.

NUEVAS TARIFAS

1. Las tarifas de impuesto al salario incluirán además de las tarifas actuales del 10% y el 15%, dos tramos más de 20% y 25%, según corresponda sobre el exceso del monto mínimo exento. Estas nuevas tarifas solo las pagará el 3% del total de asalariados, el 97% restante no verá ninguna afectación en cuanto a las tarifas de retenciones al salario.

2. Se mantienen las tarifas y créditos fiscales aplicables para personas jurídicas 30%, mientras que a las personas físicas y a todas aquellas calificadas como micro y pequeñas empresas, se les aplicará una tarifa en tres tramos, del 10% hasta el 25%, en el tanto su renta bruta no supere los ciento seis millones de colones (¢106.000.000,00) anuales.

3. Los gastos de representación, viáticos y otros similares, estos podrán ser deducibles en el tanto no superen el 1% de los ingresos brutos del contribuyente.

4. En el caso de las donaciones, la deducción no podrá ser mayor al 10% de la renta neta.

5. Se gravará la cesantía sobre el exceso del tope máximo de los 8 años y se grava con una tarifa del 15%.

6. Se unifica la tarifa para el Impuesto sobre las remesas al exterior, en un 15% sobre los ingresos brutos, salvo lo dispuesto para el transporte internacional y las comunicaciones, así como los reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros, que pagarán un 5,5% de impuesto.

OTRAS DISPOSICIONES

1. Se mantiene gravada la educación privada, en todos los niveles académicos, independientemente de la forma jurídica adoptada para la realización de su actividad

2. No se modifica el tratamiento del Régimen de Zonas Francas

PROYECTO DE LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

NOVEDADES

1. Este proyecto establece un impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) que grava venta de bienes y la prestación de servicios realizados en Costa Rica.

2. Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas y jurídicas que presten servicios o vendan bienes que se encuentran gravados, así como las personas que efectúen importaciones de bienes. En la venta de bienes y prestación de servicios, es obligatorio extender facturas debidamente autorizadas

3. Los servicios de salud se gravan con la presente Ley. Sin embargo, se establece que tratándose de la compra de estos servicios de salud privados (no incluye hospitalización y cirugía) cancelados a través de tarjeta de crédito, débito o cualquier otro medio electrónico autorizado, la totalidad del impuesto pagado será devuelvo al consumidor. El plazo máximo para la devolución será dentro de los quince días siguientes del mes posterior a su adquisición.

4. IVA personalizado: establece la devolución del IVA pagado, al 40% de los hogares de menores ingresos,. El Ministerio de Hacienda devolverá mensualmente, a través del Sistema Único de Pago de Recurso Social, el impuesto al valor agregado, con base en la información que suministre el IMAS por medio del  Nacional de Información Social y Registro Único de Beneficiarios

5. Creación del primer  impuesto ambiental del país a los recipientes de plástico para envasar no retornables. Este tiene como finalidad disminuir la contaminación ambiental.

6. El hecho generador de este impuesto, en la producción nacional, es la fabricación de recipientes plásticos para envasar no retornables. En el caso de los envases importados, con o sin contenido, el hecho generador se producirá en el momento de la aceptación de la declaración aduanera.

EXONERACIONES

1. Como medida de progresividad, están exentos del pago de este impuesto, las ventas, así como las importaciones de ciertos bienes esenciales para la alimentación de la familia costarricense, tales como hortalizas, leguminosas, arroz, pan, leche y tortillas, entre otros. Igualmente se exoneran insumos necesarios para la producción de los productos como el trigo, el frijol de soya, el sorgo, la fruta y la almendra de palma aceitera.

2. Se mantiene vigente la exoneración a los insumos agropecuarios y de pesca, los cuales se definirán de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Hacienda.

3. Se encuentran exentas las comisiones por los servicios e intereses, que se originen en las operaciones de préstamos y créditos realizados por las entidades financieras debidamente reguladas y supervisadas por los órganos correspondientes.

4. Por razones de equidad, se exoneran los servicios de educación privada; la venta o importación de sillas de ruedas y similares, equipo ortopédico y prótesis en general, así como toda clase de equipos usados por personas con problemas auditivos, el equipo que se emplee en programas de rehabilitación y educación especial, incluidas las ayudas técnicas y los servicios de apoyo para personas con discapacidad.

5. Se exoneran los alquileres con un valor inferior a un salario base; y el consumo básico de energía eléctrica (inferior a 250 Kw/h) y agua (inferior a 30 metros cúbicos).

NUEVAS TARIFAS

1. La tarifa del impuesto es de un 15% al cual se llegará de manera escalonada. A partir de la vigencia de la ley, las tarifas del IVA serán del 14% para el primer año de vigencia y un quince por ciento (15%) para el segundo.

2. Se establece una tarifa reducida del 5% para la compra de empaque y embalaje, así como la materia prima para producir estos últimos; maquinaria y equipo que no se encuentren exentos del pago de este impuesto, y sean utilizados para la producción de bienes exentos de conformidad con este mismo proyecto.

3. Tendrán tarifa reducida los libros con independencia de su formato; los servicios utilizados en la producción de productos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y pesca no deportiva; de siembra, cosecha, recolección, fumigación, fertilización, control mecánico y químico de malezas; transporte; clasificación de productos: arrendamiento de terrenos; acopio, almacenamiento y comercialización de los productos citados; las comisiones pagadas a los operadores de pensiones y la compra de boletos o pasajes aéreos cuyo origen de ruta sea Costa Rica.

4. Se aumenta el impuesto pagado sobre la transferencia de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones usadas, a un cinco por ciento (5%) y el traspaso de bienes inmuebles a un 3%.

TRANSITORIOS

1. Se establece una Amnistía Tributaria para los sujetos pasivos del impuesto general sobre las ventas por un período de dos meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la Ley, con exoneración total de intereses y sanciones, y que recae sobre las deudas correspondientes a obligaciones tributarias devengadas al 30 de setiembre de 2014 y/o cuya declaración de autoliquidación, cuando así corresponda, debió haber sido presentada también en fecha anterior al 30 de setiembre de 2014, y que cumplan con los requisitos que se establecen en la norma entre los que se encuentran el que autoliquiden voluntariamente y que hayan aceptado la determinación de impuesto realizada por la Administración Tributaria

2. Además, se establece una disposición transitoria con el fin de regular la aplicación de los créditos fiscales en el caso de contribuyentes con y sin derecho a crédito fiscal. Adicionalmente se establecen normas transitorias para regular la aplicación del impuesto en forma paulatina a servicios de construcción, que se encuentren registrados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y debidamente aprobados por la municipalidad respectiva. Igualmente para algunos servicios turísticos en los cuales el prestador se encuentre registrado como tal ante el Instituto Costarricense de Turismo.

Las municipalidades son malas cobrando impuestos y peores ejecutando obras

BurocraciaLa Contraloría General de la República (CGR) califica anualmente una serie de índices de desempeño de las municipalidades del país. Recientemente publicó los “Resultados del Índice de Gestión Municipal” del periodo 2014 (Informe DFOE-DL-IF-00004-2015).

Para efectos de esa calificación, la CGR agrupa los índices evaluados en cinco grupos o ejes. El primero de esos ejes valora el desarrollo y la gestión institucional, que comprende el desempeño en gestión financiera (ingresos tributarios municipales y gasto o ejecución presupuestaria), control interno, contratación administrativa, tecnologías de información y recursos humanos.

El informe refleja que el conjunto de las municipalidades del país retrocedieron levemente entre el 2013 y el 2014 en la gestión de los ingresos o impuestos municipales, pues durante ese período la calificación promedio bajó de 77,63% a 77,39%. El informe señala que “lo anterior, es producto principalmente de la baja recaudación de ingresos (13 municipalidades recaudaron menos del 90% del monto previsto en su presupuesto)”.

Por su parte, el informe señala que una de las áreas más débiles de todas las municipalidades del país, es la liquidación presupuestaria, pues 56 municipalidades ejecutaron menos del 70% de su presupuesto.

Lo anterior puede resumirse diciendo que las municipalidades son malas recaudando y peores en la ejecución de sus presupuestos, lo cual quiere decir que el postulado de quienes defienden la descentralización administrativa, según el cual el gobierno es mejor cuanto más cerca está del ciudadano, puede ser cierto en teoría, pero requiere de gobiernos municipales eficientes en la recaudación de tributos y en la ejecución de obras y servicios (ejecución presupuestaria).

Lo anterior se da en un contexto de déficit fiscal nacional en el que el Gobierno Central está transfiriendo un importante porcentaje del presupuesto nacional a unas municipalidades que según las conclusiones de la Contraloría General de la República, ejecutan mal sus presupuestos, o lo que es lo mismo, no saben utilizar los recursos para que los mismos se materialicen en servicios y obras que satisfagan las múltiples necesidades de la los vecinos de cada cantón.

Para discutir sobre eficiencia del gasto público hay que medirla

MetroNuestra Ley de Presupuestos Públicos establece que el gasto público y los presupuestos públicos que ordenan ese gasto, deben responder a los planes operativos y metas de cada institución, así como al Plan Nacional de Desarrollo. Por esa razón la ley pretende que los presupuestos se rijan, entre otros, por un principio de programación, conforme al cual deberían expresarse con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.

Se supone que una vez concluido el ejercicio o año presupuestario, le corresponde al Ministerio de Hacienda preparar un informe de los resultados físicos alcanzados por los programas ejecutados durante el ejercicio económico respectivo, mientras que le corresponde al Ministerio de Planificación preparar un informe sobre los resultados de la ejecución del presupuesto, el cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo económico-social del país. Tanto el informe de resultados físicos de los programas como el informe sobre el cumplimiento de las acciones estratégicas, deberían incluir los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

 

La ley también señala que el incumplimiento total o parcial, gravemente injustificado, de las metas señaladas en los correspondientes proyectos, programas y presupuestos, genera responsabilidad administrativa. En resumen: Los altos y medios mandos de las instituciones deberían preocuparse por medir los resultados alcanzados durante el año, y si no lo hacen pero alguien más demuestra el incumplimiento de la meta, son responsables ¡Pero claro! Lo anterior presupone que primero se hayan establecido las metas por cumplir.

Durante las últimas semanas el país se ha enfrascado en una discusión acerca de cómo solucionar el problema del déficit fiscal y la pregunta que se plantea es: ¿La solución reside en la aprobación de nuevos impuestos o aumento de los existentes, o en el recorte del gasto público, o en una mezcla de ambos?

Del lado del gasto público, resulta evidente que las instituciones no cuantifican sus metas, por lo que resulta imposible discutir objetivamente si la utilización que hacen de los recursos públicos es o no eficiente.

Si las instituciones no cuantifican sus metas, mucho menos se establecen metas cuantificables para cada uno de los funcionarios que se constituyan en parámetro de evaluación de su desempeño que justifique el reconocimiento de anualidades.

Dicen que lo que no se mide no existe, por lo que por el momento es difícil abordar con objetividad cualquier discusión sobre la eficiencia del gasto público y sobre el cumplimiento de metas públicas. No obstante, las cifras reflejan que la mayor parte de los recursos públicos son consumidos por las remuneraciones de los funcionarios públicos.

En esas condiciones la aprobación de nuevos impuestos o el aumento de los existentes, aún si es eficiente, podría tener beneficios muy limitados o incluso resultar contraproducente si esas medidas no son acompañadas por una reforma del gasto público que tenga el mismo peso y grado de eficiencia, especialmente si resulta previsible que los mayores ingresos tributarios podrían ser destinados a un gasto público ineficiente.

OCDE establece hoja de ruta para ingreso de Costa Rica a la organización

OCDELa OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) estableció una hoja de ruta con los requisitos con que debe cumplir el país para incorporarse a dicha organización (ver www.oecd.org/countries/costarica/oecd-establishes-roadmap-for-membership-with-costa-rica.htm ). Lo anterior debe ser entendido como una luz verde de la OCDE, para que Costa Rica emprenda la ruta hacia la integración a dicha organización.

El proceso se desarrollará en dos vías o sentidos: Por un lado Costa Rica debe externar su posición con relación a aproximadamente 260 instrumentos legales de la OCDE (ver www.oecd.org/acts ). Por la otra, la OCDE puede realizar observaciones y enviar misiones de expertos al país para recabar información y para observar la adopción e instauración de sus políticas en el país, que entre otras, pone énfasis en muchos temas tributarios.

Buró Tributario recomienda que Costa Rica solicite asistencia de la OCDE en el programa denominado Auditores Fiscales sin Fronteras, por medio del cual la OCDE puede enviar misiones de auditores tributarios – a solicitud de cada país – para asesorar a los funcionarios de la Administración Tributaria en la correcta realización de fiscalizaciones tributarias. Asimismo, consideramos que serán valiosas las observaciones que pueda realizar la OCDE sobre nuestro sistema tributario y sobre nuestra estructura de gasto público.

El proceso de entrada no está sujeto a fechas límite, sino que el acceso final a la organización depende de la capacidad del país para adoptar y ajustarse a los requisitos de la OCDE. Por ello es que la luz verde de la OCDE para emprender la ruta, pone a prueba la dificultad del país para alcanzar acuerdos y tomar decisiones.

El derecho de saber en qué se gastan nuestros impuestos

DólaresLa noticia de que el ICE presentó un recurso de hábeas data ante la Sala Constitucional, so pretexto de que la información que le solicita La Nación sobre su planilla «es un documento (de interés) exclusivo de la CCSS» (palabras de Elberth Durán, vocero del ICE), daña gravemente la confianza que los ciudadanos deberíamos tener en nuestras instituciones, así como el derecho que ostentamos de saber en qué se gastan nuestros impuestos.

El documento más emblemático de la Revolución francesa, como lo es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, establece en su artículo XIV que los ciudadanos tienen el derecho de conocer cuál es el destino que se da a los impuestos pagados.

Hay que pagar impuestos, pero una vez que los pagamos, tenemos el derecho y la obligación de fiscalizar su correcta utilización.

Nuestra Sala Constitucional así lo ha considerado en el pasado y así debería confirmarlo al resolver el hábeas data interpuesto por el ICE.

Los recursos públicos no son propiedad de las entidades públicas, ni tampoco tienen tal consideración por ser gastados por entidades públicas. No: Son recursos públicos porque deben destinarse a satisfacer el interés público y no las prebendas salariales del aparato gubernamental.

¿Por qué aumentar impuestos no fue la cura de Grecia y podría no ser la de Costa Rica?

GreciaLa organización Tax Foundation señala que un estudio del Fondo Monetario Internacional asevera que fueron muchos los problemas que dispararon la crisis griega. Uno de ellos fue la preferencia por aumentar impuestos con la pretensión de cerrar la brecha del déficit fiscal , en lugar de optar por recortes en los gastos públicos que aunque resultan impopulares, fueron los verdaderos disparadores de la deuda griega. Ver: http://taxfoundation.org/blog/imf-post-mortem-greece-higher-taxes-did-not-help

¿En Costa Rica deberían predominar los aumentos en los impuestos o los recortes de gasto público?

Control de facturación en Alajuela

AlajuelaDías atrás la Dirección General de Tributación desarrolló un control masivo de facturación en la provincia de Alajuela, que concluyó con el levantamiento de numerosas actas a comercios que no extienden facturas y que pueden ser sancionadas incluso con sanción de cierre de negocio

Costa Rica cerca de máxima deuda pública prudente conforme a parámetros OCDE

OCDEUn reciente estudio de la OCDE denominado «Objetivos de prudencia en el endeudamiento y marco fiscal» (Prudent Debt Targets and Fiscal Frameworks), señala que existe un rango de endeudamiento peligroso y luego un punto de no retorno en materia de déficit fiscal, más allá del cual se afecta el crecimiento económico y se genera un cuadro de crisis económica. Hasta acá, nada nuevo.
El estudio divide a los países en tres grupos en función de su grado de desarrollo y advierte que tratándose de países emergentes, el rango máximo de deuda pública acumulada como porcentaje del PIB, debe ser de entre un 30% y un 50% del PIB.
El estudio no se refiere a Costa Rica, pero sabemos que la deuda pública acumulada de nuestro país ronda el 40% del PIB y que estamos solicitando nuestra entrada a la OCDE.
Si el gobierno pretende solicitar la entrada a la OCDE y mostrar seriedad, debería empezar por seguir los consejos de ese organismo sobre el establecimiento de objetivos de prudencia en el endeudamiento, que en promedio son un 15% menores al tope máximo de deuda recomendable para un país.
Costa Rica debería apuntar a reducir su deuda pública y orientar el gasto a rubros que generen crecimiento, en lugar de destinarlo, mayoritariamente, al pago de salarios.

Ver reseña del estudio en: http://www.oecd.org/newsroom/governments-should-target-prudent-debt-levels-and-fiscal-rules-will-help-get-there.htm

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